Con una concurrencia superior al millar de personas se llevó a cabo la concentración y marcha convocada por Crysol reclamando por una Ley 18 033 y una Reparación Integral sin exclusiones y por la anulación de la Ley de Caducidad.
Ex presos políticos, familiares, exiliados y clandestinos adhirieron a la convocatoria que superó ampliamente las expectativas por lo numeroso de la participación.
La marcha partió desde la Explanada de la Universidad y recorrió 18 de Julio hasta la Plaza Libertad donde se dio lectura a una breve proclama.
La cra Rosario Peguito, a nombre de la Comisión Directiva, dio lectura a la proclama cuyo texto transcribimos a continuación.
Compañeras, compañeros:
Hace 23 años que salieron los últimos presos políticos de la dictadura. En esos años comenzaron a retornar miles de uruguayos que tuvieron que sufrir el desarraigo y la discriminación en muchos de los países que se asilaron.
Hace 23 años las familias de estos uruguayos se reencontraron con sus hijos, nietos, esposos, familia toda para reconstruir sus vidas en común. Hace más tiempo aún, que muchas madres, abuelas e hijos buscan a sus seres queridos y no obtienen respuesta.
Muchos uruguayos nunca recuperaron sus trabajos, sus proyectos de vida, sus estudios y aún más su salud y su dignidad. Y esta sociedad toda adolece aún de justicia y memoria.
Sabemos que aún estamos caminando por las mismas calles que caminan nuestros torturadores; los responsables de tantos crímenes y es difícil así construir desde la desventaja.
Todavía somos los expresos, los desexiliados, los hijos de…
Y consideramos y así lo dicen las normas internacionales que es el Estado quien debe proteger y educar. Uruguay debe sanar definitivamente sus heridas para poder comenzar a construir todos juntos. Y esto no culminará cuando nuestra generación se haya ido. Pues nuestros hijos y nuestros nietos, y todos los jóvenes del mundo miran y mirarán que este chiquito país no se termina de curar.
Sin lugar a dudas este gobierno está haciendo por su gente.
La ley 18.033 es un avance que a muchos los ha ayudado a continuar, pero tiene serias exclusiones que hay que subsanar. Por eso un paso sería modificarla. Para ello reclamamos que:
La Pensión Especial Reparatoria sea percibida por los familiares de los ciudadanos detenidos-desaparecidos y por los familiares de todos los detenidos que fueron asesinados antes de que se concretara su procesamiento dentro y fuera del territorio nacional.
Para los ex presos políticos, en tanto resarcimiento de carácter reparatorio por los daños y perjuicios a nivel previsional y pensionario, debe ser percibida por todas las personas que vivieron dicha situación cualquiera haya sido la fecha de su liberación y sus ingresos en el momento actual.
Debe asimismo ser percibida por todos aquellos que se ampararon en la ley 15 783 y similares y/o perciban una jubilación inferior a 8,5 BPC .
Debe ser compatible y acumulable con los legítimos ingresos que perciban los beneficiarios de ella, ya sean salarios, jubilaciones, pensiones de todo tipo y naturaleza y subsidios por incapacidad parcial y total, ya que cada una de esas situaciones reparara y/o subsidia situaciones diferentes.
Solicitamos que tengan derecho a percibir la pensión los ascendientes y descendientes sin restricciones y con especial atención a los hijos discapacitados de los compañeros fallecidos.
La misma debe transmitirse en un 100% a sus familiares.
La Comisión Especial debe contar con recursos propios que le permitan cumplir en forma rápida y efectiva con su cometido.
Debe contar con la potestad, por mayoría simple de sus integrantes, de conceder la Pensión Especial Reparatoria a todas aquellas personas que habiendo sido presos políticos no cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley con respecto al tiempo de detención pero que han sufrido daños y perjuicios irreversibles, notorios y comprobables a nivel físico y mental debido a los apremios y torturas sufridas.
Y sí, aún con todas estas exclusiones ha sido un avance significativo. Ella ha logrado contemplar situaciones de indigencia de muchos compañeros y recuperar en parte la dignidad de hombres y mujeres que hasta el momento vivían de la solidaridad o se habían recluido en la depresión de no manifestar públicamente su situación como si fuera vergonzante su vida. Pero urge modificarla para que no sea una ley injusta con muchos que aún esperan.
¿Por qué entonces una ley de reparación integral?
La Reparación Integral que reclamamos es un capítulo imposible de saltearse para cualquier estado auténticamente democrático, que aspire a vivir en convivencia saludable, perteneciendo a la comunidad internacional de estados que garantizan a sus ciudadanos un futuro inspirado en principios y postulados éticos y políticos, que cultiven y fortalezcan la paz, la justicia social, el respeto de los Derechos Humanos y garantice la no repetición de los hechos del pasado.
Crysol entendió que debíamos aportar a esta democracia un proyecto que contemple y repare todo el dolor sufrido por los uruguayos todos que sufrieron el Terrorismo de Estado.
El Estado debe hacerse cargo de las heridas, debe cumplir con los tratados internacionales a los cuales suscribió. Sigue siendo omiso al respecto.
Ya desde nuestra historia se cometió un genocidio el 11 de abril de 1831, cuando las tropas de Rivera asesinaron a cientos de indígenas que molestaban a los intereses de los latifundistas que procuraban la implantación del modelo capitalista en este país.
Y luego, se vuelve a repetir en este otro, reciente genocidio de nuestra historia, que posibilitó la implantación de la política neoliberal , en toda América Latina, con el cierre de tantas fábricas y con una deuda externa inmoral, quintuplicada que aún seguimos pagando.
Es así que Crysol propone el 11 de abril como Día de la Memoria, para garantizar junto con todas las demás propuestas en la ley la no repetición de hechos de esa naturaleza.
Y sí, hoy tenemos más esperanzas. Muchas de las víctimas del terrorismo de Estado hoy ocupan cargos de gobierno, compañeros sensibles a la historia de este país. Defender al más desprotegido, al más humilde, junto a la reconstrucción de la economía, debe ser la tarea. Justicia para sanar, para construir y el Estado debe actuar en concordancia con esos postulados. Es necesario que todos conozcan los lugares oscuros donde se torturó y asesinó a tantos uruguayos y uruguayas. Que se den a conocer todos los archivos de la época de la dictadura. Que la verdad surja plenamente para no repetirse. Que se nos indemnice por las torturas sufridas, por la no posibilidad a muchos de haber podido culminar los estudios, o realizaciones personales. Y se nos repare por todo el daño causado desde el Estado terrorista.
Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición es lo que reclamamos en esta Ley de Reparación Integral.
Restitución, devolvernos a la situación anterior a la violación de nuestros derechos a expresarnos, a opinar y actuar en concordancia. Se nos restablezcan nuestros derechos legales; no es posible que al llegar a un país extranjero se nos identifique como expresos políticos o se nos niegue una visa por dicha razón. Indemnización por el daño físico y/o mental, incluidos el dolor, el sufrimiento y los trastornos emocionales, la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales. Por los perjuicios morales, incluido el daño a la reputación y de la dignidad. Por los gastos de asistencia jurídica o de expertos, de medicamentos, servicios médicos, psicológicos y sociales. Rehabilitación que incluya toda la asistencia necesaria para la misma.
Satisfacción que nos permita reiniciar nuestra vida en armonía con nosotros mismos y con la sociedad. Cesación de las violaciones continuadas, sobre los Detenidos Desaparecidos, hoy nuestros presos políticos. Esclarecimiento de los asesinatos. Verificación de los hechos, revelación pública y completa de la verdad. Y quizás lo medular de todo: garantías de no repetición.
Compañeras y compañeros:
Como la inmensa mayoría de nuestro pueblo queremos un Uruguay justo, democrático y solidario.
Para ello se hace imprescindible la anulación de la ley de caducidad, porque su vigencia jurídica es incompatible con un Estado auténticamente democrático. Debemos conseguir las firmas para convocar un plebiscito para que sea el conjunto de nuestro Pueblo en un acto soberano el que anule dicha Ley. Ese es el único camino que tenemos abierto para transitar junto a nuestro Pueblo.
El Poder Judicial no puede seguir tutelado por el Poder Ejecutivo en un tema tan crucial para la institucionalidad democrática. Eso también habla de la frágil salud que aún tenemos y del esfuerzo requerido para fortalecer la democracia.
Las violaciones a los Derechos Humanos no admiten ninguna justificación. Los Estados tienen la obligación de respetar las libertades y los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción.
Cuando los Estados cometen las barbaridades como las que se cometieron durante la larga noche de la Dictadura Militar, los Estados tienen que reparar de manera integral como lo estipula la normativa internacional y la ley 18.026.
La ley 18.033 debe ser mejorada a la mayor brevedad para hacer justicia a nivel previsional. Y una ley de reparación integral que abarque y contemple a todas las víctimas del terrorismo de Estado, debe ser aprobada para que podamos seguir avanzando en la perspectiva de un auténtico Nunca más Terrorismo de Estado.
Por lo tanto compañeros y compañeras: aún nos necesitamos todos, por los que no están, y por los que estamos y los que vendrán.
Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más.
Crisol / asociación de ex pres@s polític@s del Uruguay / RECOSUR
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