A favor del derecho de la mujer al aborto

El anuncio del Presidente de Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez, un eminente oncólogo y enérgico opositor al aborto, de que vetará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenaliza el aborto si es aprobada por el Parlamento, es sumamente inquietante para las personas que defienden el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo.

La legislación actual permite que una mujer que haya practicado “el delito de aborto” sea condenada a una pena de prisión de tres a nueve meses. Se trata de una práctica retrógrada, anacrónica y violatoria de los derechos humanos. Es un atentado a la libertad de la mujer a decidir sobre su futuro por motivos de orden privado.

Estas restricciones a la libertad de la mujer no evitan que se practiquen abortos clandestinos que ponen en peligro su salud y su vida.

Un aborto es siempre una agresión física y psicológica para la mujer que pese a su deseo de dar la vida, amar a su criatura, darle una buena educación y todos los beneficios de la sociedad moderna, debe tomar una decisión sumamente dolorosa.

Es por eso que el Estado debe apoyar la aprobación de la despenalización del aborto con medidas que permitan la educación sexual, poniendo al alcance de la población métodos anticonceptivos baratos y de fácil aplicación.

En Uruguay se realizan aproximadamente 33.000 abortos anuales, o sea unos 90 diarios, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley de Salud Reproductiva, que habilita a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez” alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad.

Un sondeo difundido por la prensa uruguaya en noviembre de 2007, realizado por la consultora Cifra, “indica que el 49% de los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto, el 39% manifiesta opinión contraria, el 8% no está a favor ni en contra y el 4% no se pronuncia”, de acuerdo con la Agencia France-Presse (AFP).

Según dicha encuesta, el 51% de las mujeres adhiere a la legalización y el 40% está en desacuerdo, mientras que entre los hombres se observa un 45% a favor y un 38% en contra.

Siempre de acuerdo con la AFP, Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, denunció en septiembre de 2007 que “una mujer con 14 hijos acaba de morir en el interior del país tras realizarse un aborto en su quinceavo embarazo. Murió por septicemia”.

El 28 de septiembre de 2007, organizaciones de la sociedad civil marcharon en Montevideo, en el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para presionar por la aprobación de una Ley de Salud Reproductiva que permita la interrupción del embarazo. En esa oportunidad, Lilián Abracinskas señaló que la consigna de esa jornada era “las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza”.

Numerosas organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos se han expresado a favor del derecho de la mujer al aborto.

Human Rights Watch sostiene que “los instrumentos internacionales de derechos humanos y las interpretaciones directamente relevantes emitidas al respecto por las entidades autorizadas de las Naciones Unidas llevan a la conclusión de que la mujer tiene el derecho a decidir en asuntos relacionados con el aborto. Varios derechos humanos corren riesgo cuando el acceso de las mujeres a los servicios de aborto legal y seguro está restringido.”

“Las restricciones legales al aborto tienen un impacto devastador en el derecho a la vida de las mujeres. La evidencia sugiere no solamente que las leyes que restringen el aborto empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros, sino que además ellas mueren a consecuencia de dichos abortos. Un estimado 13% de las muertes maternas a nivel mundial se atribuyen al aborto inseguro –entre 68.000 y 78.000 de muertes anuales. En su mayoría, estas muertes podrían haber sido evitadas”, agrega dicha organización.

“El Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han repetidamente hecho notar con preocupación la relación entre las leyes que restringen el aborto, el aborto clandestino y los riesgos para las vidas de las mujeres. Estos comités han recomendado la revisión o enmienda de las leyes que penalizan o restringen el aborto”, explica Human Rights Watch.

“Donde no existe acceso a servicios de aborto legal y seguro y sí existen barreras generalizadas para acceder a otros servicios de salud reproductiva, incluyendo los anticonceptivos, ocurrirán embarazos no deseados y se practicarán abortos inseguros. Ambas situaciones generan una serie de problemas claramente evitables para la salud física y mental de la mujer. Adicionalmente, las clínicas, los médicos y las parteras que practican abortos ilegales no tienen ningún incentivo legal para preocuparse por la vida y la salud de las mujeres que son sometidas a sus servicios”, señala esta organización de defensa de los derechos humanos.

Human Rights Watch subraya que la mujer tiene derecho a la salud y a la atención médica, a la no discriminación y a la igualdad, a la seguridad personal, la libertad, la privacidad, la información, a no ser sometida a un trato cruel, inhumano y degradante, a decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos, a gozar de los beneficios del progreso científico, y a la libertad religiosa y de conciencia.

En marzo de 2007, la senadora socialista Mónica Xavier, del mismo grupo político al que pertenece el presidente Tabaré Vázquez dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, dijo a la AFP que “independientemente de la posición del Presidente, nosotros (los legisladores) somos un poder independiente (…) hay quienes tratamos de impulsar el tema”, reconociendo sin embargo que “hay muchas presiones”.

El 14 de junio de 2007, la organización internacional de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional reiteró su “más firme apoyo al derecho de las mujeres y niñas a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin sufrir amenazas, fuerza o coacción.

En respuesta a una declaración del Vaticano, Amnistía Internacional ha rebatido la afirmación del cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, respecto a que el Vaticano iba a retirar su ayuda económica a la organización. “No hemos aceptado fondos del Vaticano y no aceptamos fondos de ningún otro Estado para llevar a cabo nuestra labor contra las violaciones de derechos humanos”, sostuvo Kate Gilmore, secretaria general adjunta ejecutiva de Amnistía Internacional.

“La postura de Amnistía Internacional no es a favor del aborto como derecho, sino a favor del derecho de las mujeres –uno de sus derechos humanos- a no sufrir temor, amenaza o coacción al hacer frente a las consecuencias de la violación y otros graves abusos contra los derechos humanos”, aclaró Kate Gilmore.

Sin embargo, “la actual política de Amnistía Internacional, que se mantiene junto a la larga oposición al aborto forzado, es respaldar la despenalización del aborto para garantizar que las mujeres tienen acceso a asistencia médica cuando sufran complicaciones derivadas del aborto, y defender el acceso de las mujeres al aborto, dentro de los límites razonables del tiempo de gestación, cuando su salud o sus derechos humanos corran peligro.”

A mediados del siglo XX, cuando Uruguay era un país liberal, democrático, que recibía generosamente a inmigrantes procedentes del mundo entero y cuyas leyes lo colocaban a la cabeza de los Estados modernos, se decía que era “la Suiza de América”. Suiza adoptó en 2002 en votación popular, con 72,2% de votos afirmativos, el régimen que permite a la mujer tomar la decisión de interrumpir durante las 12 primeras semanas un embarazo no deseado. A partir de la 13ª. semana, la interrupción del embarazo es permitida si una opinión médica demuestra que la misma es necesaria para alejar el riesgo de un peligro grave para la integridad física o un estado de profundo desamparo de la mujer involucrada.

La Unión Suiza para Despenalizar el Aborto, en el sitio web que mantiene después de 2002, sostiene que “la decisión de tener o no tener un niño en un momento dado de su vida es un derecho inalienable de la mujer. Por lo tanto, ella debe poder decidir libremente y con toda responsablidad la interrupción de un embarazo no deseado.”